Cuenta atrás en Bolivia

El próximo 10 de agosto se celebra en Bolivia un referéndum revocatorio para decidir la continuidad del Presidente y Vicepresidente de la República y la de los prefectos de los distintos departamentos. Una iniciativa que fue promovida por los opositores al Evo, quienes creyeron, en un primer momento, ver la oportunidad idónea de terminar con el cambio en el país y forzar su caída. Frente a este envite, el Presidente aymara no se arrugó y decidió proseguir un camino que terminará en aquello que más caracteriza a las democracias, la consulta popular.

Sin embargo, a partir de aquí todo se ha torcido para los impulsores originarios de la convocatoria. Aún con la tensión social que vive un país de la complejidad cultural, política y económica como Bolivia, Morales ha conseguido mantener una siempre crítica aunque fiel base social. La misma que le aupó al poder en el 2005 y que le exigió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta circunstancia ha provocado que el referéndum más que desestabilizar al actual Presidente y Vicepresidente pueda reforzarlos en su cargo y darles el impulso necesario para lograr sacar, finalmente, el proyecto de Constitución votado -no sin dificultades- en la Asamblea.

Este panorama provoca un fuerte desasosiego entre las tradicionales oligarquías del país y entre los sempiternos socios estadounidenses. No es casual que el embajador yanqui sea Philip Goldberg, notorio por su papel en la disgregación de los Balcanes; ni que Bolivia sea la primera estación para frenar la nueva ola que recorre América Latina. De ahí, la urgencia de convocar referéndum ilegales en varios departamentos, bajo la dirección de Santa Cruz, área que mejor representa el modelo explotador de neoliberalismo colonial.


La consulta del 10 de agosto puede, además de reforzar a Morales y a Álvaro García Linera, significar el fin para alguno de los prefectos opositores y de sus ansias de dividir al país. La oligarquía es consciente de esta situación y para cambiar el rumbo de la historia ya ha comenzado a emplear cuantas sucias tácticas desestabilizadoras puedan estar en sus manos.

La campaña de desprestigio al Presidente recorre casi todos los rincones del país, cristalizada en diversos planes de desestabilización, como el que promueve el cuestionamiento del Padrón Electoral. Sobre este último hecho, la OEA (poco sospechosa de ser una institución acólita de Morales) pronto ha salido al paso para asegurar, en palabras del jefe de la misión, Eduardo Stein, que la población boliviana puede estar tranquila sobre la limpieza del padrón.

Quedan apenas veinte días para que llegue la consulta, pero la oposición continuará con su política de imposición de obstáculos. Y si, finalmente, el pueblo es consultado, comenzará un nuevo periodo. Para bien o para mal, con el inconveniente de que si los resultados no son del gusto de la oligarquía, Bolivia podría caer en el pozo de una guerra civil.

En ese momento se demostrará la grandeza de respuesta de la democracia.