Ecuador: razones para el "Sí"... y para la sospecha

Ecuador decide este domingo. El proyecto de Constitución inspirado por el Presidente del país, Rafael Correa, será sometido a votación por el pueblo. Todos los ecuatorianos (el voto es obligatorio) deberán mostrar su confianza o rechazo al texto elaborado durante los últimos meses en la ciudad de Montecristi. A favor o en contra, lo cierto, es que tanto la mayoría de los partidarios del "Sí" como los del "No" comparten una cualidad: la de desconocer buena parte del extenso texto (más de cuatrocientos artículos). Según las últimas encuestas,de Informe Confidencial, el 57% de los ciudadanos dará su apoyo al proyecto.

La Constitución incluye un grupo importante de novedades. Desde el reconocimiento de lenguas (el kichwa, el shuar y el resto de lenguas ancestrales) o la proclamación del Estado como laico hasta el concepto de soberanía alimenticia. También forman parte del texto derechos como los reconocidos a la naturaleza y a las comunidades indígenas, la defensa de la biodiversidad y de la variedad cultural, la inclusión de un seguro social para las amas de casa o la formulación de nuevas maneras de democracia directa, como el mandato revocatorio de los cargos electos.

Sin duda, todos estos temas conforman un grueso que, en conjunto, amplían el marco de derechos de los ciudadanos y que le dan al país un carácter eminentemente progresista. No obstante, otras cuestiones han quedado un tanto empantanadas, como el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o un avance en la regulación del aborto.

Conocidas las últimas décadas del país, la Constitución supone un notable avance. El hecho de que la oposición arremeta con fuerza contra el proyecto (los tradicionales "politiqueros", los mismo que saquearon al Ecuador durante la etapa más abiertamente neoliberal) refleja hasta qué punto se introducen cambios en algunos aspectos. Hasta aquí los argumentos que empujan al "Sí".

Sin embargo, las constituciones no suponen un mero escrito sino, más bien, el establecimiento de unas reglas de juego en un contexto determinado (aunque la mayoría de las veces queden relegadas a meras declaraciones de intención), que necesitan ser desarrolladas a través de vías legales y dotadas de fondos económicos que permitan hacer las transformaciones oportunas.

El proceso constituyente ha ido indisolublemente ligado al actual Presidente del país, Rafael Correa. Lo que ha convertido, en cierto modo, la votación de este domingo en un refrendo a su persona... y es, justo aquí, donde comienzan los grandes interrogantes.

Durante los meses en los que Correa ha ocupado el máximo cargo del país, se han podido apreciar algunas tendencias un tanto sospechosas, que no rompen con el pasado. Su exceso de personalismo, mezclado en ocasiones con cierto carácter autoritario, su ruptura con el movimiento indígena y su postura, cuanto menos, ambigua hacia los recursos naturales, acompañado de ciertas polémicas medidas -como la legalización de la pesca incidental de la aleta de tiburón- y de algunos sucesos de represión -como los acontecidos en algunas comunidades del país (por ejemplo, lo ocurrido en Dayuma)-, junto al mantenimiento de las prerrogativas de las que disfruta el ejército, obliga a cuestionarse que exista en el Ecuador una verdadera "revolución ciudadana".

En este proceso tan marcadamente personalista no pueden obviarse hechos como la sintomática dimisión del Presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, el más ambientalista y cercano a los indígenas de los miembros que forman el variado grupo que rodea a Correa. Porque es precisamente éste, lo diverso del origen de sus asesores, otro de los motivos para el desconcierto. Sobre todo, por el peso de políticos que vienen del viejo "establishment" (incluso del centro derecha o de la derecha) y de diferentes miembros de ONGs y Fundaciones extranjeras, incluida USAID.

A pesar de que los grandes brochazos de la Constitución animan al "Sí", la letra pequeña de la Carta Magna provoca cierto estupor que conduce al voto nulo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el modelo que se configura refuerza considerablemente al Poder Ejecutivo sobre el resto (lo que siempre es un peligro), abre el camino a una política estatal claramente extractivista (puesto que en caso de conflicto sobre los recursos naturales, las comunidades indígenas siempre llevarán las de perder frente a un eventual decreto presidencial) y, lo que es aún peor, se incluye la posibilidad de una privatización encubierta de bienes tan esenciales (y tan pomposamente proclamados en el texto) como el agua, vía concesiones.

Tal vez, Correa no sea el peligro... pero ¿y si dentro de dos años cae? ¿Habrá quien use estos mecanismos para fines poco o nada alentadores?

¿Se le llamará entonces "revolución ciudadana"?