El interesado conflicto del campo en Argentina

El problema del campo se reabre en Argentina. Aunque esta vez parece que no alcanzará el nivel de conflicto que llegó a tener el pasado octubre. En parte, por una actitud del Gobierno de Férnandez de Kirchner bastante más tibia que la de meses anteriores. En la última reunión de la patronal del campo con miembros gubernamentales, los primeros parecen rebajar su tono tras las concesiones de los segundos.

Sin embargo, dos temas planean de fondo en un conflicto bastante distorsionado -de manera deliberada- por los medios de comunicación argentinos y españoles (PRISA, sobre todo), estos últimos con importantes intereses económicos en el país.

Por un lado, el modo de organizarse del peronismo, con distintos liderazgos vinculados a intereses diversos. Circunstancia que ha provocado que desde la fracasada medida legislativa que Fernández de Kirchner quiso sacar adelante en otoño (en la que se preveía una subida de los impuestos a la exportación de grano), y que contó con el votó en contra de miembros de su propia formación (hasta de su vicepresidente), ciertos barones se hayan reforzado como candidatos alternativos a la hoy Presidenta dentro de la estructura del Partido Justicialista. Aspirantes que representan los intereses de grandes productores y exportadores.

Por el otro, el sector de la soja. Verdadera plaga verde. Una tendencia hacia el monocultivo que amenaza la seguridad alimentaria, al transformar a la Argentina de un país productor de alimentos a otro exportador de grano para el mercado mundial. Hasta tal punto que se comienza a importar carne de vacuno. Este cultivo, ni que decir tiene, modifica la propiedad de la tierra, con una mayor concentración en menos manos. Y refuerza el lobby agroexportador.

Resulta pertinente recordar que la frustrada reforma pretendía aumentar las retenciones a la exportación, pero además hacerlo de forma móvil, según la variación de los precios internacionales (debido, sobre todo, al fuerte incremento de los precios de la soja en aquel momento). Con el objetivo de lograr, entre otras cosas, fondos para una posterior redistribución entre el conjunto de la sociedad, más proyectos con fines sociales y la contención de la inflación interna, presa del alza externa.

Sin embargo, la reforma no fue posible.

El cierre de la explicación, en referencia al resto de los sectores agrarios, puede encontrarse en la reflexión apuntada por el activista político Pino Solanas "La falsa polarización [Gobierno-Campo] del escenario político que se ha construido esquiva a un tercer protagonista que disputa la renta agraria y castiga permanentemente a los pequeños y medianos productores: los monopolios privados exportadores que fijan el precio de la producción y evitan así que las siempre útiles y necesarias retenciones afecten su rentabilidad. Son los Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera Gral. Deheza y otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria al imponer bajos precios a los productos, estafar al fisco, tercerizar las exportaciones y monopolizar la comercialización de insumos".